La dimisión de Salmerón y la crisis del Ejército en 1873

Resumen

La asidua intromisión de las fuerzas armadas en la vida política española es una evidencia insoslayable para cualquiera que pretenda aproximarse a la historia contemporánea de nuestro país. Sin embargo, a pesar de lo ampliamente tratada que ha sido esta cuestión, todavía quedan espacios, coyunturas no bien iluminadas, en que la injerencia militar en nuestra vida pública ha pasado desapercibida o ha quedado tan difuminada que resulta difícilmente reconocible, al menos de primer intento. La dimisión de Salmerón de la Presidencia del Gobierno en los primeros días de septiembre de1873, el convulso año en que nació la Primera República española, constituye un buen ejemplo de esas coyunturas en que la autoría directa del Ejército en una crisis política queda en penumbra.

La que ahora nos ocupa no se debe a las ambiciones políticas del espadón de turno, sino ‒y esto es bastante menos habitual en el siglo XIX‒ a la frustración que produjo en el cuerpo de oficiales su ineptitud para acabar con el conflicto carlista en 1873. La falta de medios y los estructurales desajustes y carencias del Ejército español lo sumieron en una profunda crisis operativa e, incluso, de identidad, que alcanzó su punto máximo durante aquel verano. Para superarla, la corporación castrense no supo encontrar más solución que la exigencia de completa libertad en la aplicación de las severidades de la Ordenanza sobre las sufridas espaldas de la tropa, ahora percibida como una masa peligrosamente díscola entregada a inquietantes propagandas. La presión que en ese sentido ejercieron los mandos intermedios sobre Salmerón fue decisiva en su dimisión y su relevo por Castelar, mucho más dúctil a las necesidades del cuerpo de oficiales. Por todo ello, no son necesarias explicaciones más o menos románticas que vinculen la retirada de Salmerón con el supuesto dilema moral que le produjo la necesidad de “firmar” penas de muerte. Sobre todo, porque, como veremos, durante su mandato no pudo ni autorizar ni indultar el cumplimiento de ninguna pena capital.  

Finalmente, nos ha parecido útil mostrar cómo determinadas pautas en el planteamiento y resolución del conflicto objeto de este estudio se reiteran en otro sucedido algo más de treinta años después, en 1905 concretamente, protagonizado de nuevo por la mesocracia castrense.